Las resoluciones dictadas por el propio Gobierno vulneran la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los Animales, infringiendo el principio de jerarquía normativa y contraviniendo los principios de seguridad jurídica y transparencia.
Tal y como te explicamos, el pasado mes de octubre, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria emitió un informe que catalogaba a los gatos comunitarios como una especie exótica invasora, ordenando su retirada de los Espacios Naturales Protegidos, que abarcan el 43% de la isla. Los ayuntamientos fueron instados a reubicar a los animales en zonas urbanas o confinarlos en recintos cerrados, una medida que contradice claramente la normativa estatal y tergiversa leyes como el Real Decreto 630/2013 y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Lejos de corregir esta ilegalidad, el Gobierno de Canarias decidió ir aún más lejos, dictando dos resoluciones que establecen criterios para la gestión de colonias felinas y permiten el confinamiento y sacrificio de gatos comunitarios en espacios protegidos, incluyendo la Red Natura 2000. Las órdenes autorizan su captura y confinamiento como paso previo al sacrificio, argumentando supuestas razones de “impacto ambiental” o “falta de socialización”, conceptos que tergiversan por completo el marco legal vigente.
En una de las resoluciones, los gatos comunitarios son calificados como "especies exóticas invasoras" y se les atribuye el estatus de amenaza grave para la biodiversidad. Esta medida permite aplicar campañas de control y erradicación, incluyendo su sacrificio, a pesar de que la Ley 7/2023 prohíbe expresamente esta práctica salvo en situaciones de extrema necesidad sanitaria o de seguridad.
Desafortunadamente, estas medidas ya han comenzado a aplicarse. Como explicamos, el pasado 13 de agosto de 2024, Chinijo, un gato comunitario capturado en La Graciosa, fue trasladado a un albergue con una Orden de Sacrificio firmada por el Director General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, según la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias se procedió a su sacrificio.
Estas resoluciones reinterpretan de forma ilegal la categoría de “gato comunitario” definida en la Ley 7/2023, que reconoce a todos los Felis catus como animales de compañía protegidos, sin importar su grado de socialización ni su ubicación. Además, violan el principio de jerarquía normativa, ya que ninguna ley autonómica puede contradecir la legislación básica estatal. Por si fuera poco, estas normativas no han sido publicadas oficialmente en el Boletín Oficial de Canarias, lo que vulnera los principios de seguridad jurídica y transparencia.
Asimismo, el Gobierno de Canarias llevó a cabo una campaña de desinformación, asegurando a la prensa que en ningún momento se había ordenado el sacrificio de gatos comunitarios, lo que generó confusión entre la población. A pesar de la existencia de órdenes oficiales, muchas personas no creyeron nuestras advertencias.
Frente a esta gravísima situación, y gracias a la colaboración económica de nuestros socios/os y seguidores/as, desde FAADA, PACMA, AnimaNaturalis, FdCats y FAUDA hemos interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra estas resoluciones ilegales y solicitaremos medidas cautelares para suspender su aplicación de manera urgente. ¡No podemos permitir que miles de gatos comunitarios sean sacrificados bajo el amparo de normativas que manipulan y distorsionan la legislación vigente!
Además, perseguiremos contundentemente aquellos que sacrifiquen gatos comunitarios ubicados en espacios naturales bajo el amparo de estas resoluciones ilegales.
Será una larga batalla legal y necesitamos toda la ayuda posible.
Por favor, lucha a nuestro lado.
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